Caso «casas de arena» de Curicó llega nuevamente a Corte de Apelaciones de Talca

Nuevamente arribó a la Corte de apelaciones de Talca la causa conocida como “Casas de Arena”, la cual tiene como imputados al representante legal de la empresa inmobiliaria “Los Cruzados”, Rafael Freire Saavedra, y al contratista de la misma, Robinson Quinteros, sobre quienes pesa una acusación por el delito de estafa.

Tras el cierre de la correspondiente investigación, el Ministerio Público presentó acusación contra los imputados, planteando una pena de tres años y un día de presidio menor en grado máximo y una multa de 21 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), por la responsabilidad que les atañe en el citado delito.

Sin embargo, por su segunda vez los abogados de los imputados recurrieron hasta el máximo tribunal regional para solicitar el sobreseimiento de la causa, pese a que ya en una oportunidad esta misma instancia había rechazado la misma solicitud de los involucrados, según explicó el profesional que representa a la familia afectada por la destrucción de su casa, el abogado Cristian Merino .

Valle Escondido

Si bien el caso tiene su génesis cuando las casas que corresponden al proyecto “Valle Escondido”  del sector Santa Fe fueron construidas, el tema que dio paso a las acciones legales quedó en evidencia tras el terremoto acaecido a fines de febrero de 2010.

En definitiva, la loza sólida entre el primer y segundo piso, comprometida en el proyecto,  no era de hormigón armado, sino que era una estructura de madera, la cual estaba revestida por escasos milímetros de cemento , «lo que se transformó en una verdadera gelatina, que con el movimiento del terremoto destruyó completamente las casas”, agregó Merino .

Si bien la mayoría de las casas sufrió daños de diversa consideración, en definitiva, cuatro de los propietarios se unieron, esto a fin de llegar a la instancia que les permita plantear acciones indemnizatorias y poder resarcirse del perjuicio generado luego del terremoto de 2010. Lo anterior dio pie a la querella contra los presuntos responsables, acotó el propfesional que patrocina la acción legal

Según el abogado Merino, como estas personas, las afectadas, aún no han sido subsanadas por el daño, se han visto en la obligación de solicitar créditos o recurrir al auxilio de familiares para arreglar sus casas y poder seguir viviendo en ellas.

El jurista recordó que se trata de uno “de los pocos casos vigentes” en nuestro país, relacionado al terremoto de 2010, ya que solo tras aquel movimiento quedaron a la luz las diferencias entre “las promesas” ligadas a la hora de la compra de las viviendas y lo que realmente fue recibido por ellos.

Mientras al Ministerio Público prepara juicio oral, no descartándose nuevos formalizados, la parte querellada por segunda vez acude a la Corte de Apelaciones para pedir el sobreseimiento del caso y con ello su cierre. Una vez que este tribunal determine el recurso de los querellados se conocerá si procede el término de la causa, o si continua su proceso normal, es decir su avanza hacia la instancia del juicio oral

DATOS
Entre el 2006 y 2008 la inmobiliaria “Los Cruzados” construyó cerca de 80 viviendas de dos pisos y cuyo valor promediaba las mil unidades de fomento. Las favorecidas fueron familias de clase media, muchas de las cuales pagaron sus casas al contado, por lo que no tenían seguros contra catástrofes. De hecho, en su momento el municipio emitió órdenes de demolición para varias de ellas. De todo el conjunto, se estima que solo una veintena resultó sin algún tipo de problema estructural.

Fotografía: Archivo web