Por estafa formalizan a mujer que pedía dinero para tramitar subsidios habitacionales

CURICO. Con arraigo nacional durante los próximos 4 meses quedó una mujer, luego que en su contra se formalizara la investigación como presunta autora del delito de estafa. El ilícito lo habría cometido a través de cobros de altas sumas de dinero, a personas que aspiraban a cumplir el sueño de la casa propia, para lo cual imputada argumentaba representar a una conocida empresa constructora de la zona. Las denuncias tienen su origen en el 2016 cuando la mujer se mantenía vinculada al municipio local, desde donde lograba contacto con grupos habitacionales que comenzaban los trámites para acceder a la vivienda en distintos sectores de la comuna de Curicó. De esa forma tenía conocimiento de las gestione necesaria pata optar al beneficio de la vivienda, y por lo cual, según los denunciantes, cobraba entre los 500 mil y millón de pesos. “Nosotros confiamos en ella y ella nos engañó, se burló del esfuerzo que habíamos realizado para juntar la plata”, dijo Claudia Chaparro, una de las 4 denunciantes que llevó el caso ante la Policía de Investigaciones (PDI), de donde pasó a la fiscalía local. Este organismo ayer formalizó cargos criminales contra la mujer, quien, según la misma denuncia se hacía pasar por funcionaria de una constructora. Según la denuncia tras los pagos para postulaciones, gestiones, y papeleo, algunos integrantes del grupo comenzaron a exigir respuestas. “Fuimos varias veces, incluso a la casa de esta persona y nos respondía que ya no tenía nada que ver y nos derivaba hacia otras personas”, agregó Claudia Chaparro precisando que fue así que se optó por acudir directamente a la empresa, donde quedó claro que no había tramitación, alguna realizada por la mujer. Añadió que los denunciantes, que interpusieron la respectiva querella son 4, sin embargo, a su juicio, los afectados por esta situación pudiesen llegar a la treintena, integrantes del mismo grupo habitacional. Estos antecedentes fueron presentados por la fiscalía ante lo cual el tribunal determinó aplicar sobre la mujer la medida cautelar de arraigo nacional mientras que el plazo de cierre de investigación fue fijado en 4 meses.