Caso Santuario: Constructora aludida denunció que existe “mafia” de empresas que no se adjudican proyectos

A juicio de la empresa denunciada, en alguna parte del proceso se pudo haber comprometido “a funcionarios que no debieran estar en el servicio público, y que intervienen esta información, falsificando documentos”. CURICO.- Tras la denuncia la semana pasada de supuestas falsificaciones o adulteración de documentos, en torno a la adjudicación de obras para culminar la reconstrucción del Santuario Iglesia del Carmen, la empresa aludida insistió que posee los certificados originales que desacreditan la acusación en su contra, aunque se reconoce que existe “una mafia” operada por constructoras que no logran quedarse con millonarios proyectos. La controversia ha avanzado en distintos frentes, luego que el Intendente Pablo Milad precisara que en la adjudicación de 347 millones de pesos, para culminar la restauración de la Iglesia del Carmen, se habían detectado certificados “adulterados”, “falsificados” y “escaneados”. Seguimiento La empresa aludida reiteró lo dicho la semana pasada en cuanto a que posee los documentos originales presentados. Sostuvo Vicente Navarro, representante de la entidad, que se “está realizando un seguimiento a esta documentación, para saber cuáles son los que llegaron a Talca, ya que nos dicen que no son los mismos, es decir los que nosotros enviamos no son los mismos que los que están físicamente en el gobierno regional.” “Esto quiere decir que en una parte de la cadena, entre la información que se baja del portal (Mercado Público) a la que le llega al Intendente se produjo esta intervención, que podría ser (de parte) de la mafia de estas empresas que no se ganan licitaciones de buena forma, y quieren hacerlo comprometiendo a funcionarios que no debieran estar en el servicio público, y que intervienen esta información, falsificando documentos”, afirmó. Editados Navarro reiteró que posee los certificados originales, “que nosotros subimos al portal, y lo que hay en el gobierno regional son certificados evidentemente editados, es decir en una parte de la cadena hay una intervención. Ante ello estamos trabajando en nuestra defensa por todas las acusaciones, por el daño que nos han hecho, y también incorporar acciones legales para resguardar la licitación, que es nuestro negocio”, agregó. Reconoció que toda la situación, desde la semana pasada, les ha generado un daño importante: “Nos han cuestionado otras dos licitaciones en que estábamos participando, de mucho mayor valor económico, también han puesto reclamos directamente los mandantes, y en otra, reclamos de los oferentes, debido a todo esto, por lo que el daño ha sido enorme para nosotros”. No engañado En cuanto a la información que se le entregó en el Gobierno Regional al Intendente Pablo Milad, y que este traspasó a la opinión pública, Vicente Navarro cambió la calificación que le dio en un primer momento. “Yo creo que en realidad no fue engañado (como había dicho inicialmente), creo que fue mal informado, es decir lo informaron mal”, puntualizó. Denuncia en fiscalía En tanto, a nivel local, se conoció que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) instaló la respectiva denuncia ante el Ministerio Público, con la finalidad se investigue la situación en la que ha sido involucrado, especialmente en torno a la presunta “adulteración” o “Falsificación” de documento público.