Decretan prisión preventiva para soldado involucrado en muerte de joven manifestante

Defensa entregó sus argumentos, planteando que herida que causó la muerte a José Miguel Uribe, no correspondería a proyectil de guerra disparado por el militar imputado.

CURICO. El Tribunal de Garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva sobre el soldado que, en la noche del lunes, en la ruta cinco sur frente a Curicó, se vio involucrado en los incidentes, en los que un joven curicano murió tras recibir un disparo, durante las manifestaciones que se desarrollaban en la carretera. La presunta participación del militar en el hecho fue refutada por su defensa, que planteó entre otros argumentos, que la herida mortal en el cuerpo de la víctima no correspondería a un proyectil de guerra.

En la audiencia, el fiscal Jaime Rojas, a quien se sumó el municipio local y el Instituto de Derechos Humanos, estos últimos como querellantes plantearon que el cabo segundo de ejército, Juan Carlos Jesús Reyes, de 24 años de edad, en la noche del lunes, mientras regresaba con un contingente militar desde Chillán a Santiago se encontraron en el trayecto, en el kilómetro 187, con manifestaciones y barricadas. Ante ello, los efectivos castrenses bajaron del bus, portando sus armas, principalmente fusiles de guerra, modelo Zig 7.65

Explicó el fiscal, que cada uno, portaba un cargador con 19 proyectiles de armamento real, y un tiro de fogueo. Agregó que, con el objetivo de disipar a los manifestantes, algunos de los soldados utilizan su fusil, disparando aparentemente al aire, usando ese tiro no real disuasivo, sin embargo, Reyes efectúa no uno, sino dos disparos, haciendo uso de una de sus “balas” de guerra, la cual habría dado en la zona toráxica del joven manifestante José Miguel Uribe Antipani, de 25 años de edad, quien murió a causa del impacto.

Por esto, Rojas formalizó cargos criminales contra el cabo segundo Reyes, del regimiento Bellavista de Santiago, como presunto autor del delito de homicidio, añadiendo que este militar posee antecedentes penales anteriores, que datan del 2009, por el ilícito de robo con intimidación.

En tanto el abogado defensor penal público, Rodrigo Flores contra argumentó, precisando “que tenemos a una persona muerta y a un funcionario de ejército que reconoce haber disparado una bala de guerra, pero no tenemos ningún antecedente que nos permita concadenar, establecer que el disparo de mi representado es el que haya causado la muerte de la víctima”, reiterando que el “arma de fuego que causó la muerte en este caso, no es la que disparó mi representado”.

“Sostenemos que hay evidencia científica sobre los efectos que se producen con este tipo munición en el cuerpo de una persona, y la verdad es que la evidencia que hay, en la autopsia, no son concordantes; es evidente que la muerte de la víctima se produce por un impacto balístico, pero creemos que hay una diferencia enorme en cuanto a sostener que el impacto haya sido ocasionado por un fusil de guerra”, afirmó el abogado defensor.

Tras arduo debate el magistrado Mauricio Aravena, acogió la solicitud del Ministerio Público, decretando la prisión preventiva para el imputado, medida que el Instituto de Derechos Humanos pidió se cumpliera en un recinto penitenciario de Cauquenes; en tanto el Defensor replicó, planteando que por temas se seguridad y cercanía de la familia, pudiera ser ejecutada en un recinto militar, en la región metropolitana, lo que fue aceptado por el juez.

En todo caso Rodrigo Flores, dijo no estar de acuerdo con la medida de prisión preventiva anunciando que interpondrá “los recursos que correspondan, queremos que se reviese esta resolución en la Corte de Apelaciones, creemos que no hay antecedentes que acrediten la participación de mi representado en los hechos”, acotó. El plazo de cierre de la investigación en tanto quedó fijado en 4 meses.

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